Religiosos acosados por emitir opiniones.Políticos a los que les arruinan su carrera por lo mismo. Jueces a los que se sanciona por velar por el interés de los menores. Psiquiatras tratados como parias por exponer sus tesis. Son las primeras -que no últimas- víctimas de la mafia gay.
Curiosa escena la que se vio hace pocos días en Gran Bretaña con motivo de la ‘semana contra la intimidación’, promovida por Stonewall, el principal grupo de presión gay del país y uno de los más poderosos de Europa. Nicholas Clegg, líder de los Demócratas Liberales, animaba en un vídeo difundido por Stonewall y alojado por YouTube a apoyar las campañas de este colectivo contra las “discriminaciones” que padecían los homosexuales en Gran Bretaña.
Que un político utilice los medios de un ‘lobby’ en vez de los de su propio partido para lanzar un mensaje dice mucho del estado de opinión que los colectivos homosexuales han logrado crear en el Occidente democrático. Y Gran Bretaña es un terreno predilecto para sus actuaciones. Que se lo digan si no a Peter Foster, obispo anglicano de Chester, uno de los primeros en sufrir en sus propias carnes las garras de la intimidación homosexualista.
Calvario judicial
En 2003, tuvo la osadía de declarar que a “algunas personas, que son homosexuales, podrían cambiar de orientación. Les animaría a que lo consideraran como una opción, porque no me considero a mí mismo un especialista en el tema, que entra en el área de las salud psiquiátrica”. La Policía le investigó y acabó cerrando el caso pero ya estaban ‘fijadas’ las reglas de lo que iba a ser la libertad de expresión en lo relativo a la homosexualidad en los albores del tercer milenio.
Así las cosas, no es de extrañar que la Ley de Igualdad, que está siendo tramitada por la Cámara de los Comunes, contenga disposiciones que restringirían notablemente la libertad de las iglesias para llevar a cabo su actividad pastoral. Por ejemplo, estarán obligadas a contratar a un homosexual confeso para funciones relacionadas con la juventud. Y tendrán obligación legal de promover los ‘derechos’ de homosexuales y transexuales.
Cruzando el Canal de la Mancha y desembarcando en Francia, todavía colea el caso del diputado conservador Christian Vanneste que, en 2004, afirmó que la “homosexualidad es inferior a la heterosexualidad”. Las asociaciones homosexuales se le echaron encima con toda su saña y sufrió un duro destierro político y un calvario judicial con dos condenas. Acabó ganando en el Tribunal Supremo, pero de los 50.000 euros que tuvo que pagar en multas sólo le han devuelto 12.000.
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